Suspensión por prejudicialidad penal. Denegación, requisitos.


AUTO num.  1/2012

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE

         SR. DIAZ DELGADO

MAGISTRADOS:

         SR. MARTÍNEZ MEDIAVILLA

         SRA. VICENTE DE GREGORIO

En Cuenca, a 12 de enero de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca y su partido se dictó auto que establecía: “Se acuerda la suspensión de las actuaciones de este proceso, hasta que se acredite que el juicio criminal ha terminado o se encuentre paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación”.

SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la Procuradora Dña. María Jesús Porres Moral en nombre y representación de la BANCO X se preparó e interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra el auto reseñado, recurso que fue admitido a trámite dándose traslado de dicho recurso a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

TERCERO.- Con fecha 20 de junio de 2011, por la Procuradora Dña. María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación DÑA. X  se presentó escrito de oposición al recurso de apelación, interesando la confirmación del auto recurrido.

        CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el nº 250/2011, turnándose ponencia, y se señaló para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el día 12 de enero de 2012.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

         Primero.- Se interpone recurso por la parte demandante contra el auto que acuerda la suspensión del procedimiento al estimar la concurrencia de la prejudicialidad penal alegada por la demandada.

        Ciertamente, el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil preceptúa:

1. Cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.

2. En el caso a que se refiere el apartado anterior, no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes circunstancias:

1ª Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil.

2ª Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

3. La suspensión a que se refiere el apartado anterior se acordará, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia.

4. No obstante, la suspensión que venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados se acordará, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.

5. En el caso a que se refiere el apartado anterior no se acordará la suspensión, o se alzará la que se hubiese acordado, si la parte a la que pudiere favorecer el documento renunciare a él. Hecha la renuncia, se ordenará que el documento sea separado de los autos.

6. Las suspensiones a que se refiere este artículo se alzarán cuando se acredite que el juicio criminal ha terminado o que se encuentra paralizado por motivo que haya impedido su normal continuación.

7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil podrá pedir en éste indemnización de daños y perjuicios, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 712 y siguientes.

No obstante, la preferencia de la jurisdicción penal sobre la civil no es de carácter absoluto o automático, siendo uno de los presupuestos esenciales para la exigencia de una resolución penal previa a la civil el que no pueda prescindirse de aquella para la debida decisión de ésta o que la primera condicione directamente el contenido de la segunda, sin olvidar el criterio restrictivo con el que ha de apreciarse la prejudicialidad penal a fin de evitar la abusiva suspensión de procedimientos civiles en curso, de manera que el proceso penal debe versar sobre un hecho susceptible de ejercer tal influencia en la resolución del pleito que haga imposible el fallo de la contienda civil sin ser conocida antes la decisión que se adopte en la vía criminal, y que la materia litigiosa se vea influida de manera nuclear o sustancial por el resultado del proceso penal, dándose, en definitiva, una íntima conexión entre los hechos que son objeto de uno y otro procedimiento.

Segundo.- Dicho lo anterior, la Sala discrepa de la apreciación del auto recurrido acerca de la conexión directa existente entre los hechos que son objeto de las diligencias penales seguidas por un delito de estafa consistente, supuestamente, en la prolongación en el tiempo de la expectativas de refinanciación que la aquí actora otorgó a la demandada, y los que son objeto de controversia en el presente juicio, en el que la entidad bancaria demandante reclama a la demandada el saldo deudor existente en una cuenta corriente abierta en el año 2001 como consecuencia del incumplimiento del contrato de apertura de dicha cuenta; por lo que no se aprecia íntima conexión ente el objeto de ambos procesos, ni una influencia decisiva que la resolución dictada en la causa criminal ha de tener sobre la que pudiera recaer en este pleito civil. En consecuencia, no cabe apreciar que el resultado de la causa penal condicione y sea necesario para decidir acerca de la existencia y exigibilidad de la obligación cuyo pago se demanda, por lo que el recurso debe ser estimado.

Tercero.- La estimación del recurso determina la no especial imposición de las costas procesales causadas en la presente instancia.

        Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación,

        LA SALA ACUERDA:

         Que debemos estimar como estimamos el recuso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Jesús Porres Moral contra el auto de 25 de mayo de 2011 dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cuenca en el seno del Juicio Ordinario 113/2010, y en su virtud, debemos REVOCAR COMO REVOCAMOS la resolución recurrida y ordenamos la continuación del mismo con arreglo a derecho, sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas en la presente instancia.

         Notifíquese la presente resolución a las partes personadas cumpliéndose lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

         Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. de la Sala, doy fe.

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SECRETARIO JUDICIAL
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