Auto en apelación. Ejecución de avales derivados de compraventa de viviendas


AUTO num. 36/2011 

Ilmos. Sres.:                       

Presidente:                         

   Sr. Díaz Delgado      

Magistrados:                        

   Sr. Martínez Mediavilla

   Sr. Casado Delgado (Ponente)

   En Cuenca, a catorce de junio de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- Con fecha quince de junio de dos mil diez, se dictó auto por el Juzgado de Instancia en cuya Parte Dispositiva se establecía: “Denegar el despacho de ejecución solicitado por la Procuradora Dª Yolanda Araque Cuesta en nombre y representación de Don xxxxxxx”.

   Segundo.- Contra dicha resolución, se preparó y después interpuso recurso de apelación por Doña Yolanda Araque Cuesta, Procuradora de los Tribunales y de Don xxxxxx, todo ello por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala “… proceda en su día a dictar auto pro el que, estimando la apelación, acuerde la revocación del auto recurrido, decretando el despacho de ejecución por los importes reclamados en concepto de principal, intereses y costas expresadas en la demanda ejecutiva que principia estas actuaciones”.

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y remitidas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a su registro y a la formación del correspondiente rollo, designándose ponente al Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, habiéndose observado la totalidad de las prevenciones legales y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo, el siguiente día catorce de junio del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

   No se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida.

   Primero.- Se alza la parte apelante contra la resolución que acordaba no haber lugar a despachar ejecución por entender el juez de instancia, en el razonamiento jurídico único, que no concurrían los requisitos exigidos en el artículo 3 de la Ley 57/68 para poder iniciar un procedimiento ejecutivo, “…puesto que la cláusula 5.2 del referido contrato de compraventa imponía la obligación de instar la resolución del contrato en el plazo de quince días a contar desde el 30 de junio de 2.006 y al haberse efectuado éste el día 6 de septiembre de 2.007, ha transcurrido con creces dicho plazo, por lo que debe entenderse prorrogado el plazo para iniciar la construcción o para obtener la entrega de las viviendas, al conservar el comprador la facultad que le concedía el artículo 3 dfe la Ley 57&78 paraq establecer un nuevo plazo para la entrega de la vivienda”.

   Sostiene el recurrente, en esencia, que la demanda reúne todos los requisitos legales necesarios para que se dicte auto despachando la ejecución y ello en interpretación conjunta de los arts. 552, 551 de la LEC en relación con el art. 3 de la Ley 57/68, de 27 de julio y, en segundo término, por cuánto la interpretación de la cláusula 5.2 del contrato de compraventa es contraria tanto a la propia Ley 57/68 como a la normativa tuitiva de los consumidores dado que dejaría en manos de la parte vendedora el cumplimiento de su obligación esencial en el contrato, como es hacer la entrega de al cosa vendida, más aún cuando, como acontece en el presente caso, se ha declarado judicialmente la resolución del contrato de compraventa origen de la expedición de los avales.

   Segundo.- La cuestión sometida a enjuiciamiento en la presente alzada ha sido resuelta por este mismo Tribunal en auto nº 690/200, de 23 de diciembre (Recurso de Autos Civiles nº 42/2008) en los siguientes términos:

   “El artículo 3 de la ley 57/1.968 de 27 de julio determina en su párrafo segundo que el contrato de seguro o el aval unido al documento fehaciente en que se acredite la no iniciación de las obras o entrega de la vivienda tendrán carácter ejecutivo. No advertimos entonces qué requisitos de los establecidos en este artículo pudieran no concurrir en este supuesto. Porque en realidad, el juzgador de primer grado, después de referirse al mencionado precepto, alude a una de las cláusulas del contrato de compraventa, referida a la  resolución del mismo, pero no a ninguna de las exigencias del artículo comentado ni a las concernientes al propio título ejecutivo (el aval). Se trata, en realidad, la anticipada por el juzgador de instancia, de una cuestión concerniente al “fondo del asunto”, en particular por lo que respecta a la exigibilidad de la obligación garantizada, sobre la base de una interpretación (posible pero no única) del contrato de compraventa. Además, el mencionado apartado 5.2 del negocio de compraventa establece que: “Si transcurrido el mencionado plazo de quince días el comprador no hubiese notificado por escrito a la vendedora su voluntad de resolver el contrato, se entenderá que el comprador acepta que el comienzo de las obras o la conclusión de las mismas, según el caso, tendrá lugar con posterioridad a los plazos arriba establecidos”. Así pues, en el entendimiento del auto recurrido, al no haberse notificado por el comprador en el plazo de quince días su voluntad de resolver el contrato, ninguna otra opción podría quedarle que esperar, sine die, que las obras se iniciaran o concluyeran, según el caso. Semejante conclusión, por último, no es ni siquiera la que mantuvo la propia avalista al responder a la reclamación extrajudicial previa, cuando manifestaba (folio 67) que la vendedora no aceptaba la resolución del contrato ni la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, pero no porque no se hubiera producido dentro del referido plazo de quince días, sino porque las obras se habían paralizado como consecuencia de la intervención judicial de la empresa acordada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, causa que consideraba no le resultaba imputable. En definitiva, a juicio de este Tribunal son todas estas razones que deberán ser objeto, si así resulta del interés de las partes, del procedimiento de ejecución iniciado, pero que, desde luego, no debieron introducirse de oficio por el juzgador de instancia para denegar el despacho de ejecución. En tal sentido, el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que presentada la demanda ejecutiva, el tribunal despachará en todo caso la ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se soliciten sean conformes con la naturaleza y contenido del título, sin que en la resolución recurrida se haga si quiera referencia a ninguno de estos pretendidos obstáculos, motivos por los cuales, procede estimar íntegramente el presente recurso”.

   Encontrándose en un supuesto exactamente igual, el recurso de apelación debe correr igual suerte estimatoria.

   Tercero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer imposición de las costas devengadas en esta alzada.   Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado.

LA SALA ACUERDA:

   Que debemos estimar como estimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Doña Yolanda Araque Cuesta, Procuradora de los Tribunales y de Don xxxxxx, contra el auto dictado en fecha quince de junio de dos mil diez por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cuenca en el seno del Procedimiento de Ejecución de Título no Judicial nº 627/2008, de los que dimana el presente Recurso de Autos Penales nº 77/2010; y, en su virtud, debemos REVOCAR COMO REVOCAMOS INTEGRAMENTE LAS RESOLUCION RECURRIDA, dictando la presente, en su lugar, por la que debemos acordar como acordamos que se proceda a dictar por el Juzgado de Instancia el correspondiente auto despachando ejecución frente a la entidad Caja xxxxxx, en los términos interesados en la demanda de ejecución; todo ello, sin hacer imposición de las costas devengadas en esta alzada y con devolución a la parte recurrente del depósito constituido.

     Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

   Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados referenciados, doy fe.

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SECRETARIO JUDICIAL
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