Auto en apelación. Tercería de dominio


AUTO num. 43/2011

              En la Ciudad de Cuenca, a 28 de Junio de dos mil once.

                                    Antecedentes de hecho

    PRIMERO.- Que por la Procuradora de los Tribunales Dª. Marta González Álvaro, en nombre y representación de la entidad xxxxx, S.A., se formuló demanda de tercería de dominio contra la mercantil ejecutante xxxxx, S.L. En el suplico de tal demanda se indicaba lo siguiente:

    “… tenga por presentado este escrito con los documentos adjuntos, se digne a admitirlos y, en su virtud, tenga interpuesto, en nombre y representación de xxxxx, S.A., Demanda de Tercería de Dominio sobre el crédito titularidad de dicha mercantil, por importe de 17.530,50 €, retenido de las cantidades que corresponde a mi representada percibir de la Diputación Provincial de Cuenca, con el efecto de suspensión de la ejecución respecto dicho crédito, y, tras la tramitación oportuna dicte Auto pronunciándose sobre la pertenencia del referido crédito a xxxxx, S.A. y acordando el alzamiento del citado embargo sobre dicho crédito, con imposición de costas a la mercantil ejecutante”.

    El conocimiento de dicha demanda correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cuenca

    SEGUNDO.- Que el referido Juzgado dictó Auto, el 08.11.2010, en cuya Parte Dispositiva se estableció lo siguiente:

    “Acuerdo:

    1.- Inadmitir la demanda presentada por la Procuradora Sra. MARTA GONZÁLEZ ÁLVARO, a instancia de xxxxxx, S.A., frente a COMERCIAL CONQUENSE, S.L., procediéndose a su archivo…”.

    En el único de los fundamentos de derecho de tal Auto se concretaba lo siguiente:

    “Apreciado el defecto de forma en el planteamiento de la demanda y ante la inadecuación del procedimiento, toda vez que la acción ejercitada es la de Tercería de Mejor derecho y no la tercería de dominio, y toda vez que la inadecuación del procedimiento no deriva de la cuantía de la demanda sino de la especialidad de la acción ejercitada, es procedente acordar la inadmisión y archivo de las actuaciones”.

    TERCERO.- Que la representación procesal de xxxxxx, S.A., interpuso recurso de apelación frente al indicado Auto. Tal recurso se basa, en síntesis, en lo siguiente:

   1. Nulidad del Auto de 08.11.2010, por carecer de la suficiente motivación.

   2. Procede admitir a trámite la demanda de tercería de dominio interpuesta, pues se discute una titularidad que recae sobre bienes inmateriales, (dentro de cuya categoría se engloban los créditos).

   3. No concurre motivo alguno que comporte la inadmisión de la demanda de tercería de dominio.

   CUARTO.- Que remitidas las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, se procedió a su registro y a la formación del correspondiente rollo, (con el nº 12/2011), designándose como Ponente al Magistrado Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla. Se señaló deliberación, votación y fallo para el 28.06.2011.

                                Fundamentos de derecho

     No se aceptan los de la Resolución impugnada.

     PRIMERO.- Analizaremos el primer motivo de recurso.

     Pues bien, al respecto debe señalarse lo siguiente:

     .En cuanto a la falta de motivación de la decisión, se hace preciso recordar que no existe norma alguna en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil que imponga una determinada extensión o un cierto modo de razonar, bastando con que la motivación sea suficiente, concepto jurídico indeterminado que nos lleva de la mano a cada caso concreto, sin que tenga que conllevar un paralelismo con el esquema discursivo de los escritos forenses, donde se contienen las alegaciones de los litigantes, ni implicar un tratamiento pormenorizado de todos los aspectos sugeridos por las partes, siempre que permita conocer los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión.

     .Y consideramos que ese criterio jurídico esencial determinante de la decisión sí se contiene en el caso de autos, pues el hecho de establecerse que se inadmite la demanda “… toda vez que la acción ejercitada es la de Tercería de Mejor derecho y no la tercería de dominio…”, (como consta en el Auto de 08.11.2010; folio 109 de las actuaciones), es un argumento escueto, pero razonable y lógico; motivo por el cual entendemos que sí viene a cumplir el mandato constitucional de la motivación de la Resolución.

     Por tanto, el primero de los motivos de recurso debe rechazarse.

     SEGUNDO.- Analizaremos conjuntamente los motivos segundo y tercero de recurso.

     Pues bien:

     1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 403.1 de la L.E.Civil, la inadmisión a trámite de una demanda sólo es posible en aquellos casos expresamente tasados en la Ley, lo que es consecuencia de la doctrina constitucional de amparo que determina, con base en el principio de acceso a la jurisdicción, y como una de las modalidades del derecho a la tutela judicial efectiva, una aplicación restrictiva de los supuestos de no admisión a trámite de la demanda, debiendo optarse por aquella interpretación de la Ley que sea más favorable a tal derecho. De acuerdo con ello, (y como vienen señalando los Tribunales; por ejemplo, Auto de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2ª, de 05.11.2003), son tres los requisitos que han de concurrir para la inadmisión a trámite de una demanda: la existencia de una causa legal; la razonabilidad de esa causa de inadmisión legalmente prevista; y, finalmente, la no subsanación del defecto observado, bien porque no lo sea, bien porque, pudiendo haberlo sido, sin embargo, no se llevó a cabo la misma.

     Y la inadecuación de procedimiento no es una causa prevista en la Ley para inadmitir la demanda que nos ocupa; y ello en observancia de los artículos 596 y 404 de la L.E.Civil, máxime cuando el artículo 254 del mismo Texto Legal vendría a imponer la obligación de dar al asunto la tramitación pertinente si se advirtiera que el juicio elegido por el actor no se corresponde a la materia a que se refiere la demanda.

     2. Los Tribunales vienen entendiendo que el ámbito de actuación de la tercería de dominio comprende tanto los bienes materiales como los inmateriales, (estos últimos, -entre los que se comprenden los créditos-, cada vez con mayor relevancia patrimonial), que no son susceptibles de dominio en sentido propio, (pues no tienen carácter corporal), pero sí son susceptibles de titularidad acreditable, y que son embargables y, por consiguiente, susceptibles de ser erróneamente embargados. Así, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 10ª, de 15.12.2010, recurso 536/2010, (cuyo criterio compartimos), establece lo siguiente:

    <<……todos aquellos bienes, derechos e incluso expectativas, cualquiera que sea su naturaleza, que son patrimoniales, alienables y no ha sido declarados inembargables pueden ser objeto de una tercería de dominio. O, de otro modo: el ámbito del embargo y el de la tercería de dominio son exactamente equivalentes. Al menos, por dos poderosas razones:

    a) El art 1.447 de la LEC 1881, con la pretensión de incluir todos los bienes embargables que pudieran encontrarse en el patrimonio del ejecutado, enumeraba en distintos apartados el orden que debía seguir el Juez ejecutor al proceder al embargo, cuando en el patrimonio del deudor no hubiere bienes dados especialmente en prenda o hipoteca. Hoy el art. 592.2 reproduce, mutatis mutandis, análoga relación.

    De estos apartados interesan especialmente -para lo que luego se dirá- el 1.º (dinero o cuentas corrientes), el 2.º (créditos y derechos realizables en el acto), 4.º (rentas en dinero), el 8.º (sueldos, salarios, pensiones),…..el 9.º (créditos y derechos no realizables en el acto) y el apdo. 3 (empresas). Como todos estos grupos de bienes pueden ser embargados -y algunos, especialmente el dinero y los créditos realizables en el acto trabados con anterioridad a otros muchos- resulta evidente que pueden ser erróneamente embargados, si el Juez atribuye su titularidad al deudor ejecutado cuando en realidad pertenecen a un tercero. Si esto es así, resulta obligado concluir que el Ordenamiento jurídico debe proveer al tercero verdadero titular de los bienes trabados de un medio idóneo para impugnar el embargo indebidamente realizado, pero no por ello carente de efectos: si el embargo no se impugna con éxito, los bienes serán vendidos en pública subasta o adjudicados al ejecutante. Y ese expediente técnico debe ser forzosamente la tercería de dominio, pues es el único capaz de paralizar la ejecución sobre un determinado bien, e impedir que se venda en pública subasta. Así ha venido a reconocerlo el Tribunal Supremo en la STS 29 Octubre 1984 (RAJ. 5077 ): «…si, como se ha dicho, su objeto (el de tercería de dominio) es liberar el embargo indebidamente trabado, su ámbito de actuación debe coincidir con el de los bienes suceptibles de embargo según el art. 1447 LEC ., y, por tanto, afectando tanto a los bienes materiales como a los inmateriales, y ello: a) porque entender que sólo las cosas materiales son susceptibles de la tercería de dominio llevaría a la conclusión, ante un supuesto de embargo de un bien inmaterial, o que no había medio procesal hábil para atacarlo con éxito o bien… que el único procedimiento idóneo para ello era el solicitar la nulidad del embargo por ir abiertamente en contra de lo dispuesto en la Ley de modo imperativo (art. 6 parr. 3 CC ), con lo que en el primer caso se consumaría el despojo de su titular y en el segundo debería acudirse a un juicio incidental de nulidad, de menos garantía que el declarativo, para conseguir a través de dicha nulidad el mismo objetivo que con la tercería, es decir, para obtener el levantamiento del embargo, con fundamento, tanto en el incidente de nulidad como en la tercería, en no ser el bien embargado de la titularidad del ejecutado… c) porque la Ley no siempre es rigurosa en el empleo de los términos jurídicos y así el art. 392 CC habla de propiedad de las cosas o derechos, es decir, considera que pueden ser objeto de propiedad bienes inmateriales, lo que conduce a estimar que no siempre que la Ley emplea el término dominio o propiedad, excluye necesariamente de su ámbito a los bienes inmateriales; f) “… porque en definitiva, cualesquiera que sea la opinión que se sustente sobre la naturaleza jurídica de la acción ejercitada en la tercería de dominio, siempre estaríamos ante un incidente en ejecución de sentencia, único medio hábil para conseguir la exclusión de la vía de apremio de bienes, ya sean materiales o inmateriales, por la razón de no ser de la propiedad del deudor apremiado……>>.

     Por tanto, en base a lo expuesto, resulta que al menos de cara a la admisión de la demanda parece factible plantear una tercería de dominio basada en la titularidad de un crédito, (que es lo que se viene a pretender en el caso que nos ocupa), y todo ello sin perjuicio de la Resolución que en su caso ulteriormente pudiera adoptarse por el Órgano Judicial a la vista del artículo 423 de la L.E.Civil.

     En consecuencia, los motivos segundo y tercero de apelación deben prosperar y, por ello, debe estimarse el recurso de apelación formulado.     

     TERCERO.-  No se realizará especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en este recurso y se devolverá a la parte recurrente el importe de 50 € que depositó para la apelación.

      Por lo expuesto

Fallamos

      Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por Dª. Marta González Álvaro, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de xxxxxx, S.A., contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Cuenca en fecha 08.11.2010, y, en consecuencia, debemos revocar y revocamos dicha Resolución, para que por el Juzgado de Primera Instancia se proceda a admitir a trámite la demanda de tercería de dominio planteada por dicha representación procesal.

      No se realiza especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas en este recurso.

      Devuélvase a la parte recurrente el importe de 50 € que depositó para la apelación.  

      Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala. Doy fe.

 

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SECRETARIO JUDICIAL
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