Auto en apelación. Ejecución en sentencia de desahucio. Entrega de las llaves y puesta a disposición del inmuebles. Estimación de la oposición


 

A U T O   Nº  23/2012.

ILMO. SR. PRESIDENTE:

SR. MARTÍNEZ MEDIAVILLA.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

SR. CASADO DELGADO.

SRA. VICENTE DE GREGORIO.

Ponente Sr. Martínez Mediavilla.

          En la ciudad de Cuenca, a 20 de Marzo de dos mil doce.

Antecedentes de hecho

     I. Que por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Jesús Porres Moral, en nombre y representación de la entidad X, S.L., se presentó, en Julio de 2010, demanda ejecutiva de título judicial, (de Sentencia dictada en juicio verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad). Se solicitaba que se acordase:

     “1º. Señalar nuevo día y hora para llevar a efecto la diligencia de lanzamiento, levantándose acta por parte del agente judicial en la que se hará constar la lectura de los contadores de agua fría y caliente, así como el estado en que se encuentre la finca y su contenido.

     2º. Despachar ejecución contra los demandados, con carácter solidario, por la cantidad acumulada de…… 8.156,89 Euros),….”.

     II. Que el conocimiento de dicha demanda de ejecución correspondió al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cuenca.

     Dicho Juzgado dictó Auto, el 09.03.2011, acordando:

     1. Dictar orden general de ejecución.

     2. Despachar ejecución por importe de 6.276,07 € en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 1.882,82 € que se fijaban provisionalmente en concepto de intereses que pudieran derivarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

     Tal Juzgado dictó Auto, el 23.03.2011, aclarando la Resolución dictada con fecha 09.03.2011; y ello en el sentido de añadir en la Parte Dispositiva de dicha Resolución, (de 09.03.2011), lo siguiente:

     “Se acuerda el lanzamiento de los demandados de la vivienda sita en Cuenca X, a fin de lo cual, se señala el próximo día 14 de abril de 2011, librando los oportunos mandamientos al servicio común de notificaciones y embargos de esta Sede”.

     III. Que el Procurador de los Tribunales D. José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de D. X y otros, se opuso a la ejecución.

     IV. Que la representación procesal de la entidad X, S.L., impugnó la oposición a la ejecución.

     V. Que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Cuenca dictó Auto, el 26.05.2011, en cuya Parte Dispositiva se estableció lo siguiente:

     “Estimar parcialmente la oposición formulada por el Procurador Sr. Nuño Fernández, en la representación que ostenta en autos. Declarar improcedente la ejecución despachada única y exclusivamente en la cantidad de 491´32 euros correspondiente a intereses desde la fecha de interposición de la demanda de juicio verbal, 3 de julio de 2009, hasta la fecha de la sentencia de 2 de febrero de 2010, prosiguiendo la ejecución en todo lo demás.

     Sin expresa condena en las costas de este incidente”.

     VI. Que la representación procesal de D. X y otros formuló recurso de apelación.

      Tal recurso se fundamenta, en síntesis, en lo siguiente:

      1. El 23.11.2009 se entregaron las llaves en el Juzgado y desde entonces la parte contraria tiene la posesión del inmueble. En consecuencia, no pueden computarse rentas posteriores a la referida fecha.

      2. Si se desestimara la anterior alegación habría que descontar el importe de la fianza; compensándose, al amparo del artículo 557 de la L.E.Civil.

      VII. Que la representación procesal de la entidad X, S.L., se opuso al recurso de apelación.

      VIII. Que remitidas las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, se procedió a su registro y a la formación del correspondiente rollo; asignándole el número 288/2011. Se turnó la ponencia al Presidente Ilmo. Sr. Don José Eduardo Martínez Mediavilla. Se señaló para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo el  día 20 de Marzo de 2012.

Razonamientos Jurídicos

    I. La parte apelante viene a indicar en su recurso, (página siete del mismo), que habían opuesto la nulidad radical del despacho de la ejecución y que en el Auto impugnado ninguna referencia se contenía a la misma.

    El alegato debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

    No existe incongruencia omisiva cuando del conjunto de la Resolución se desprende una respuesta jurídica a las pretensiones deducidas, así como la implícita de la decisión judicial si el silencio puede estimarse razonablemente como desestimación tácita, (Sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 11ª, de 28.05.2004; con remisión a las Sentencias del Tribunal Supremo de 07.02.1994 y de 11.02.1998 y del Tribunal Constitucional 111/1995 y 116/1998), y eso es lo que sucede en el caso que nos ocupa, pues del primero de los razonamientos jurídicos del Auto impugnado se deduce la desestimación tácita de aquella pretensión.

    II. El alegato de la compensación que viene a plantearse de forma subsidiaria en el recurso de apelación debería, en cualquier caso, rechazarse; y ello porque los Tribunales vienen entendiendo, de forma mayoritaria, que no cabe en la ejecución de títulos judiciales la compensación, (cuyo criterio compartimos), y así se pronuncian la mayoría de las Audiencias Provinciales, por ejemplo: Asturias, Sección 7ª, en Auto de 24.10.2011, recurso 266/2011; Murcia, Sección 5ª, en Auto de 26.05.2011, recurso 112/2011; Jaén, Sección 3ª, en Auto de 15.04.2011, recurso 207/2011; A Coruña, Sección 4ª, en Auto de 29.07.2011, recurso 337/2011, Pontevedra, Sección 6ª, en Auto de 14.07.2011, recurso 4320/2009; Granada, Sección 5ª, en Auto de 22.11.2011, recurso 551/2011.

    III. En cuanto al tema de la posesión, lo importante para esta Sala es, (compartiendo la doctrina que al respecto se mantiene por distintos Tribunales; por ejemplo, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 8ª, en Sentencia de 24.01.2011, recurso 765/2010), que la voluntad de una de las partes, en este caso de la arrendataria, llegue a conocimiento de la otra para así actuar en consecuencia. Para este Tribunal la entrega de las llaves en el Juzgado el 23.11.2009, (con independencia de que con posterioridad apareciera un juego de llaves debajo del felpudo ubicado a la entrada de la vivienda), constituye una puesta a disposición de la propiedad del inmueble arrendado, no sólo porque se han entregado las llaves sino también porque del contenido del escrito en el que se ponía de manifiesto tal entrega se desprende que la vivienda ya se encontraba vacía, (en consonancia con la baja que de algunos servicios fundamentales del inmueble se había producido con anterioridad), por lo que desde la entrega de las llaves en el Órgano Judicial quedaba patente la voluntad de la parte arrendataria de devolver a la propiedad la posesión del inmueble, por lo que la propiedad pudo posesionarse de la casa arrendada. Y la actuación de la propia parte ejecutante viene a ratificar, a juicio de esta Sala, tal conclusión, ya que de seguirse su tesis en realidad habría ido ampliando la ejecución por los importes correspondientes a las rentas hasta el 14.04.2011, (fecha de la diligencia de lanzamiento), y, sin embargo, no lo ha hecho.

    La conclusión expuesta no se desvirtúa por la existencia de la posterior diligencia de lanzamiento, (de 14.04.2011; como ya se ha dicho), ya que:

    -por un lado, tal diligencia de lanzamiento en realidad vino a responder únicamente, (y a la vista del escrito presentado en el Juzgado por la entidad x, S.L., en fecha 06.04.2010), a lo establecido en el artículo 703.4 de la L.E.Civil;

     -por otro lado, en consonancia con la doctrina establecida por otros Tribunales, (por ejemplo, por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3ª, en Sentencia de 22.02.2011, recurso 317/2010, -con remisión a otra Sentencia de la misma Sala de 29.01.2004-, cuyo criterio compartimos), el allanamiento con la entrega de llaves implica que, aunque formalmente en la Sentencia pudiera hacerse un hipotético pronunciamiento de condena al desalojo al inmueble, desde un punto de vista material una hipotética pretensión de desalojo habría dejado de ser objeto del litigio.

    Tampoco la conclusión expuesta viene a ser contraria a la Sentencia dictada, pues si bien es cierto que en ella se condenaba a pagar “…las rentas sucesivas que se deban por el tiempo que transcurra hasta la efectiva devolución del inmueble…”, no es menos cierto que dicha Resolución no estableció si dicha “efectiva devolución” se había producido ya o estaba por llegar.

    Por tanto, el motivo de recurso que acabamos de tratar debe prosperar.

    IV. Con las dudas de hecho, (a que se refiere el artículo 394.1 de la L.E.Civil), se trata de realizar, (como vienen estableciendo los Tribunales; por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección 2ª, de 07.11.2002, recurso 252/2002; cuyo criterio compartimos), un juicio de razonabilidad sobre la posición de la parte que, en definitiva, pudiera ser condenada al pago de las costas procesales. Ese juicio lo que viene a determinar es si cabe, desde un punto de vista objetivo y a la vista de lo que resulte conocido por la parte, sostener la pretensión que a ella le asista. Y entendemos que la interpretación dada por esta Sala al tema de la posesión del inmueble es suficiente para sostener otras hipotéticas interpretaciones y, ante ello, la razonabilidad de la demanda de ejecución formulada. En consecuencia, no procede condenar a la parte ejecutante en las costas de la primera instancia, (pronunciamiento que se plasma dado que la parte apelante solicitaba en el recurso la imposición de costas de la instancia a la parte contraria), lo que significa que no se realizará especial imposición de las costas causadas en la primera instancia.

    En consecuencia, por todo lo razonado, se estimará parcialmente el recurso de apelación planteado, (estimación parcial dado que no prosperará la petición de la condena en las costas de la primera instancia que por la parte recurrente se pedía, como ya se ha indicado, para la parte contraria), lo que comportará la revocación parcial del Auto recurrido, (en el sentido de declarar improcedentes el resto de cantidades que el mismo venía a considerar adecuadas de cara a la ejecución que despachó), y la consiguiente estimación íntegra de la oposición formulada a la ejecución, dejando sin efecto la ejecución despachada y mandando alzar los embargos y las medidas de garantía adoptadas, reintegrándose a la parte ejecutada a la situación anterior al despacho de ejecución, (y todo ello porque la cantidad en su día consignada en el Juzgado por la parte ejecutada ya venía a incluir las rentas debidas hasta el 23.11.2009, -incluso la correspondiente al mes de Octubre de 2009, pese a que en el correspondiente escrito la parte ejecutada omitió la expresa mención de dicha mensualidad-, y los consumos, tributos y la devolución de recibos que se reclamaban por la parte ejecutante), sin realizar, (como ya se ha indicado), especial imposición de las costas causadas en la primera instancia.

    V. La referida estimación parcial del recurso de apelación comportará, por un lado, la no imposición de las costas causadas en esta alzada a ninguno de los litigantes, (artículo 398.2 de la L.E.Civil), y, por otro lado, la devolución del depósito de 50 € que la parte recurrente verificó para la apelación, (y ello en observancia de la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.).

      Por lo expuesto,

Fallamos

     Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de apelación origen de la presente Resolución; lo que comporta la revocación parcial del Auto recurrido, (en el sentido de declarar improcedentes el resto de cantidades que el mismo venía a considerar adecuadas de cara a la ejecución que despachó), y la estimación íntegra de la oposición formulada a la ejecución, dejando sin efecto la ejecución despachada y mandando alzar los embargos y las medidas de garantía adoptadas, reintegrándose a la parte ejecutada a la situación anterior al despacho de ejecución, sin realizar especial imposición de las costas causadas en la primera instancia.

     No se imponen a ninguno de los litigantes las costas causadas en esta alzada.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que  ella verificó para apelar.

     Notifíquese este Auto a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a él no cabe recurso alguno.

     Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la presente Resolución, interesando el correspondiente acuse de recibo.

     Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala, doy fe.

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SECRETARIO JUDICIAL
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