Juzgado 1ª Instancia 3 Cuenca plantea cuestión prejudicial ante TJUE sobre ejecuciones hipotecarias


desahucios
AUTO PLANTEANDO UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA   DE LA UNIÓN EUROPEA
En Cuenca, a seis de marzo de dos mil trece.
HECHOS
PRIMERO.- Se tramitan en este juzgado demanda de procedimiento de ejecución hipotecaria instada el día 29 de octubre de 2012 por la Procuradora de los Tribunales Sra. Torrecilla López, en nombre y representación de BANCO x; en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que a su derecho interesaba, solicitaba el dictado del Auto despachando ejecución frente a X y X.
Se dictó Auto con fecha 5 de noviembre de 2012 despachando ejecución contra X y X y a favor de BANCO CAM S.A.U. por importe de 78.472’93 € en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, mas otros 23.500 € que se fijaban, provisionalmente, en concepto de intereses que pudieran devengarse durante la ejecución y las costas de ésta.
SEGUNDO.- Con fecha 4 de enero de 2013 y por la Procuradora Sra. Carrasco Parrilla, en nombre y representación de X y X, se presentó escrito interesando la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria incoado alegando la nueva normativa de aplicación de conformidad con el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre de medias urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, indicando que cumplimiento por sus representados de los requisitos que se establecían en dicho Real Decreto-Ley así como la vulneración del derecho de protección de los consumidores y del derecho a la tutela judicial efectiva por entender contrario a la normativa que sobre consumidores resultó de la transposición de la Directiva europea sobre consumidores y usuarios.
Dado traslado de dicho escrito a la parte ejecutante concediéndole el plazo de cinco días para alegaciones, por ésta se presentó escrito con fecha 15 de enero de 2013 poniendo en conocimiento del Juzgado la sucesión procesal por absorción de BANCO X por BANCO X de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la LEC, y por escrito presentado por su representación procesal con fecha 17 de enero de 2013 se mostraba la oposición a la suspensión interesada por los motivos que en dicho escrito hacía constar.
TERCERO.- Por Providencia de 30 de enero de 2013 se dió vista a las partes de mi intención de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,   convocando a las partes a una comparecencia celebrada el día 27 de febrero de 2013 en la que realizaron las alegaciones que a sus   intereses correspondieron, quedando los autos sobre la mesa de la juzgadora para resolver.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 234 del Tratado de la Comunidad Económica Europea en su versión   consolidada (Ámsterdam 2 de octubre de 1997) establece que El Tribunal de Justicia   será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
1. Sobre la interpretación del presente Tratado;
2. Sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la   Comunidad y por el BCE;
3. Sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del   Consejo, cuando dichos estatutos así lo prevean.
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano   jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al   Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una   decisión al respecto para poder emitir su fallo.
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un   órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior   recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la   cuestión al Tribunal de Justicia.
SEGUNDO.- Conforme a la nota informativa emitida por el Tribunal sobre el planteamiento de  cuestiones prejudiciales por órganos de jurisdicciones nacionales (2005/C 143/01   publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea e 11 de junio de 2005). La cuestión se  plantea cuando el procedimiento ha quedado visto para sentencia y la cuestión que se   somete al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se vincula a la interpretación de una norma de derecho comunitario, concretamente la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5   de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores;   también incorpora algunos criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión   Europea en materia de tutela de consumidores.
TERCERO.- En los ordinales siguientes se sintetizan los hechos que dan lugar a plantear la cuestión   prejudicial:
1. El día 4 de ENERO de 2007 X y X suscribieron con la mercantil CAJA X (actualmente BANCO XL SA), un contrato de préstamo con garantía hipotecaria formalizado en escritura pública otorgada con el número de protocolo 31 por el notario Albacete, con residencia en Cuenca, don José María Victor Salinas.
2. X y X tienen fijado su domicilio familiar  en el inmueble que va a ser objeto de garantía hipotecaria, que X es tributario de una pensión de incapacidad permanente total percibiendo una pensión por dicho concepto por importe de 533’60 € mensuales sin que tuviera obligación de tributar por IRPF en el ejercicio 2010.
CUARTO-. En el presente procedimiento la representación de X y X  alega   formalmente la declaración de nulidad de la condición o cláusula 11 de la escritura de constitución del préstamo hipotecario, solicitando que se deje sin efecto y, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria fuera nulo.
Como ya se ha indicado en puntos anteriores la cláusula undécima se establece la tasación de la finca, el domicilio del deudor a efecto de las   notificaciones, la posibilidad de que sea reclamada judicialmente la deuda tanto por un   procedimiento declarativo, como por los procedimientos de ejecución ordinaria o hipotecaria, así como la determinación de la deuda exigible por parte de la entidad  financiera, en ese apartado se pacta expresamente que la entidad bancaria puede presentar la liquidación que se practique en la forma convenida en el   título para determinar la deuda mediante el certificado oportuno que recoja la cantidad  exigida.
Es este apartado el que en cualquier caso podría cuestionarse en cuanto a su   validez y eficacia puesto que los apartados anteriores no tienen un contenido   jurídicamente trascendente a los efectos de determinar los derechos materiales del   deudor.
Tanto el contenido de esta cláusula como el redactado en la oposición formulada obligan a considerar otras   cláusulas de la escritura:
Primeramente la cláusula SEXTA bis del contrato, referida a los supuestos de resolución anticipada que pueda planear la entidad de crédito, concretamente el   supuesto de vencimiento anticipado por incumplimiento del deudor de sus   obligaciones principales o accesorias.- Esta cláusula sexta bis necesariamente ha de   vincularse a la cuestionada cláusula 11ª en la medida en la que el cálculo o   liquidación de la deuda exigible dependerá de que se active o articule esta   resolución anticipada. En este punto no puede olvidarse que la Ley de   enjuiciamiento civil – artículo 693 – habilita al acreedor ejecutante para limitar su   reclamación a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, o acudir al vencimiento anticipado y reclamación de toda la deuda.
En segundo lugar a la cláusula tercera – criterios para la determinación de los   intereses ordinarios -, cláusula tercera bis, complementaria de la anterior – referida a la determinación del tipo de interés variable para cada una de las cuotas, revisable  cada seis meses -, y la cláusula sexta, que establece el criterio para calcular el   interés de demora.
Finalmente y de modo accesorio también podrían verse afectadas las   cláusulas cuarta y quinta, referidas a las comisiones y gastos que hubo de soportar   el prestamista.
Llegado a este punto conviene recordar que los ejecutados eran propietarios de un inmueble desde 1998.
Ciertamente en el año 2007 X y X – cuyos ingresos eran conocidos por BANCO X al conceder el préstamo con garantía hipotecaria – llega a un acuerdo con   la caja ahora demandada para obtener un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 138.000 €.
Se fija el plazo de devolución del préstamo en 240 meses. En febrero de 2012 se observan dificultades en el pago de las cuotas mensuales que de inmediato generan intereses moratorios y, finalmente, en marzo de 2012 se produce un nuevo impago de la cuota, al que le suceden otros cuatro más y  que determinan que la prestamista active el mecanismo del vencimiento anticipado y   reclame la totalidad de lo prestado con los intereses y costas correspondientes.
X y X se personan en el procedimiento de ejecución oponiéndose al mismo cuestionando el criterio de liquidación de la deuda pendiente, vinculado a la posibilidad de vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo y cálculo de los intereses ordinarios y moratorios pactados, es nulo por vulnerar las normas referidas a las condiciones generales de la contratación –   recogidas en el texto refundido de la Ley 1/2007, de 1 de noviembre.
Los motivos de oposición a la ejecución de títulos no judiciales sobre bienes hipotecados   o pignorados están claramente tasados por los artículos 695, 696 y 697 de la LEC. El artículo 698 es contundente al advertir que cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor o cualquier interesado pudiera formular, que no se hallare comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre la nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender o entorpecer el procedimiento judicial de ejecución. Al deudor no le es posible activar el mecanismo de protección para el deudor previsto en el artículo 898.2 de la LEC.
Los motivos de oposición del procedimiento de ejecución hipotecaria son incluso mucho   más tasados que los procedimientos de oposición a la ejecución de títulos no judiciales o   arbitrales – artículo 557 y concordantes de la LEC -.Los motivos de oposición a la ejecución hipotecaria – a la ejecución de títulos no judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados por seguir la terminología de la LEC -, son: (1) Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.- No es el caso.   (2) Error en la determinación de la cantidad exigible cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. Tampoco es el caso porque se trata de un préstamo que no se vincula a una operación de adeudo en cuenta. Además para que pudiera habilitarse este mecanismo sería necesario que el deudor presentara la libreta en la que se arrojara un saldo debido distinto del reclamado en la ejecución. No es necesario aportar las libretas cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades financieras en las que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la especificada en el certificado expedido por la acreedora, en este caso el artículo 695.1.2º.II exige que el deudor ejecutado deba expresar con precisión los puntos en los que discrepe de la liquidación efectuada.- tampoco parece que sea el caso pues aquí no consta un cierre de cuenta ni el saldo final se vincula a ese cierre. Aquí no hay sino un préstamo de una suma de dinero y una garantía inmobiliaria   para ese pago.   (3) El tercer supuesto es para la existencia de otra hipoteca o garantía inscrita con anterioridad que al gravamen que motive el procedimiento, con la correspondiente certificación registral.- No es tampoco el caso porque no consta que existieran hipotecas anteriores.
Tampoco se ha planteado ni una tercería de dominio en los términos del artículo 696 de la LEC, ni se ha interpuesto un procedimiento penal que comprometa el desarrollo del   procedimiento de ejecución hipotecario – supuesto del artículo 697 de la LEC.
Por lo tanto cualquier procedimiento que quisiera interponer el deudor para cuestionar la validez de las cláusulas del contrato de préstamo con garantía hipotecaria que  habilitan al prestamista para iniciar la ejecución singular sobre ese bien ofrecido en garantía, debe realizarse por el mecanismo de un procedimiento ordinario que en modo alguno compromete el desarrollo y culminación del procedimiento de ejecución hipotecaria. La culminación o finalización de ese procedimiento de ejecución es la entrega del bien, la efectiva adjudicación en este caso al ejecutante.
Retomamos por lo tanto la pretensión del Sr. AZIZ en los presentes autos, pretensión   que no puede ser analizada en el procedimiento de ejecución conforme a las normas procesales españolas , pero que, de haber sido estimada de forma previa al despacho de ejecución, éste no habría sido dictado por poder recaer en título que adolece de nulidad, y para el supuesto de finalización del procedimiento de ejecución hipotecaria con disposición de lanzamiento y posterior porcedimiento declarativo, éste, caso de finalizar con un pronunciamiento de nulidad de una de las cláusulas, la 11ª, nulidad que, si se acordara, no podría determinar en modo alguno que ese último pronunciamiento judicial acordara o decretara la nulidad de lo actuado en otro procedimiento judicial, ante otro juzgado seguido con las formalidades correspondientes.
Para analizar la nulidad de esa cláusula con el significado que ello supone, es decir, cuestionar la posibilidad de vencimiento anticipado del préstamo, cuestionar los mecanismos de determinación de la deuda de principal, intereses de todo tipo, gastos y costas, y cuestionar, finalmente, que el acreedor pueda acudir a un procedimiento de ejecución sumario y con motivos de oposición muy tasados, sin apenas incidencias que permitan suspender el procedimiento de ejecución y adjudicación al adquirente – bien un tercero, bien el propio acreedor -. Debe tenerse en cuenta que las partes no cuestionan   que X y X eran consumidores y que solicitaban el préstamo para hacer frente al pago del coste de adquisición de su vivienda habitual, vivienda donde residía él y su familia.
No se discute la realidad del incumplimiento de pago de las cuotas   y que, en la medida en la que no consta controversia, tampoco se discute que  no han pagado esas cuotas porque no ha podido, no dispone de ingresos suficientes y se obligaría a X y X acudir al procedimiento ordinario como último remedio,   frustrado a la postre, para evitar el lanzamiento de la que había sido durante años su   vivienda.
No se discute que pese a que se constata en la escritura de préstamo el   consentimiento y aceptación de las cláusulas y condiciones, el contrato de préstamo es un contrato tipo y que su clausulado lo integran un conjunto de condiciones generales de   la contratación. Condiciones generales que quedarían sometidas al régimen y tutela   tanto de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 13 de abril de 1998 (Ley 7/1998), como el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se   aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias – en los artículos 80 a 91 se abordan las   cuestiones referidas a condiciones generales y cláusulas abusivas.
Tanto la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación como el Texto refundido de 2007 no hacen sino incorporar al ordenamiento jurídico español las   directivas comunitarias dictadas en protección de los consumidores y usuarios en materia de contratación civil y mercantil, concretamente la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores; también incorpora algunos criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de tutela de consumidores. En este punto no se puede olvidar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la Sentencia de 27 de junio de 2000   (Caso Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, asunto C-240/1998 a C-244/1998) ha ido consolidado una clara tendencia jurisprudencia que habilita al juez civil para tutelar incluso de oficio los intereses de los consumidores y dejar sin efecto determinadas cláusulas que siendo condiciones generales de la contratación han de catalogarse en todo caso como abusivas.
A partir de estas consideraciones las dudas surgen respecto de si el ordenamiento   jurídico español tanto en sus aspectos materiales como procesales, cumple con el marco   jurídico de protección a los consumidores frente a cláusulas abusivas y cuál debe ser el grado de intervención del juez frente a dichas cláusulas.
La mencionada directiva 93/13 incluye un anexo que recoge una   relación pormenorizada de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas (anexo   que se relaciona con el artículo 3.3 de la Directiva en el que se advierte que se trata   de una lista indicativa y no exhaustiva). Es especialmente llamativo el apartado q)   del punto uno del anexo, en el que se indica que puede ser declarada abusiva la   cláusula que suprima u obstaculice el ejercicio de acciones judiciales o de recursos   por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una   jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídica, limitándole   indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de   la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte   contratante.
El legislador español ni en la Ley de 1998, por la que se   introduce la Disposición Adicional Primera a la Ley General para la Defensa de   Consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984, ni en el Real Decreto Legislativo   1/2007 que aprueba el nuevo texto refundido de dicha Ley incluye en su articulado   una disposición similar o asimilable a la que aparece en la Directiva comunitaria. En   concreto en lo referido al acceso a acciones judiciales o a recursos.
Debe advertirse que si se opta por el acreedor por el   procedimiento de ejecución de títulos judiciales con las especialidades previstas en   la Ley de Enjuiciamiento civil para los bienes hipotecados o pignorados las   posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas quedan muy   limitadas, postergadas a un procedimiento declarativo posterior, que no tendrá   efecto suspensivo y que no podrá evitar, como en este caso, la pérdida del inmueble   por el deudor.
Sentado lo anterior, no puedo ser ajena a la sentencia dictada por el Tribunal   de Justicia de la Unión Europea el 6 de octubre de 2009 (asunto C-40-08 Asturcom   Telecomunicaciones S.L.) en la que el tribunal al que ahora me dirijo indicó en el   fundamento 39 que “Por lo que respecta, en primer lugar, al principio de efectividad, ha de   recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que cada caso en el que se plantee la   cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la   aplicación del Derecho comunitario debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa   dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, de su desarrollo y de sus   peculiaridades, ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar   en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional   nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y   el buen desarrollo del procedimiento (sentencias de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck,   C-312/93, Rec. p. I-4599, apartado 14, y Fallimento Olimpiclub, antes citada, apartado 27)”.   Y concluye en el fundamento 53 “que en la medida en que el juez nacional que conozca de   una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral firme deba, con arreglo a las normas   procesales internas, apreciar de oficio la contrariedad de una cláusula arbitral con las normas   nacionales de orden público, está igualmente obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo   de dicha cláusula desde el punto de vista del artículo 6 de la citada Directiva, tan pronto como   disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (véase, en este sentido,   la sentencia Pannon GSM, antes citada, apartado 32)”.
Entiendo que conforme a la sentencia citada y sus consideraciones jurídicas   le resulta muy complicado a un juez español poder establecer una tutela de oficio a   un consumidor en un procedimiento de ejecución hipotecaria puesto que en este   procedimiento de ejecución están rígidamente tasados los motivos de oposición,   remitiendo a la parte allí ejecutada a un procedimiento declarativo de nulidad con   obstáculos insalvables para evitar la consecuencia última de la ejecución no sólo es   la venta o realización del bien sino su transferencia a un tercero lo que determina   que en el caso de un inmueble que sea vivienda habitual el deudor ejecutado   cuando inicia el procedimiento declarativo de nulidad ha perdido ya la posesión del   inmueble.
 A partir de estas consideraciones se plantea la primera duda o pregunta que se debería   trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una cuestión prejudicial, la de si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.   Cuestión que conforme a la sentencia citada del propio Tribunal de Justicia de la Unión   Europea difícilmente puede plantearse en el procedimiento de ejecución, por lo tanto sólo   podrá plantearse en el procedimiento declarativo que pudiera dimanar de la misma. De   ahí que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea   imprescindible en orden a la validez o nulidad de la cláusula 11ª del préstamo   hipotecario.
Esa primera duda o pregunta ha de vincularse necesariamente a la formulación de dos cuestiones que complementan y permiten determinar el alcance de las primera, son las   preguntas referidas a la interpretación de unas cláusulas que aparecen tanto en la Directiva Comunitaria de referencia como en la legislación española – artículo 85.6 del   Texto Refundido de la Ley 1/2007 y apartado 1 e) del Anexo a la Directiva -: “Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones”.
Este segundo bloque de preguntas iría destinado a que el Tribunal de Justicia de la Unión   Europea pudiera dar contenido al concepto de desproporción en orden:
A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado en un   largo lapso de tiempo – en este caso 240 meses – por incumplimientos en un período muy limitado y concreto.- Cuestión que ya fue tratada por el Tribunal Supremo   Español en alguna ocasión.
La fijación de unos intereses de demora – en este caso superiores al 18% –   que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en   otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros   ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en  los caso en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la   totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado.
La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables   – tanto ordinarios como moratorios – realizados unilateralmente por el prestamista   vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.
A la vista de esta normativa comunitaria parece razonable pensar que en el contexto de un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria el Juez español debería disponer de mecanismos bien de oficio bien a instancia de parte para analizar, en clave de tutela de los intereses de los consumidores, las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado de las obligaciones, la liquidación de la cantidad adeudada con sus mecanismos de determinación y el carácter desproporcionado de alguno de los conceptos que se aplican al consumidor. Por ello se abre un diálogo con el Tribunal de Justicia, no con las partes, sin perjuicio de que legítimamente las partes puedan hacer valer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las razones o argumentos que le llevan a discrepar de las dudas que planteo como juez nacional.
Por lo tanto las dudas que genera la legislación española en los mecanismos procesales y materiales citados, es su compatibilidad con las directivas comunitarias de tutela de los consumidores frente a cláusulas abusivas tanto en sus aspectos materiales como en los mecanismos procesales que permiten al acreedor la ejecución sin apenas oposición.
Por lo argumentado parece que el legislador español ha limitado los mecanismos de   protección de los consumidores en caso de ejecución hipotecaria, materia especialmente sensible en supuestos en los que se vea afectada una vivienda que sea domicilio habitual del consumidor, y no ha establecido pautas claras para determinar si el vencimiento anticipado y los criterios de liquidación del total de la deuda son desproporcionados o no.
Las preguntas que se formulan al tribunal de Justicia de Luxemburgo son, por lo tanto:
A) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o   pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento   civil con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el   ordenamiento procesal español no sería sino una limitación clara de la tutela del   consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al   consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una   tutela efectiva de sus derechos.
B) Esa primera duda o pregunta ha de vincularse necesariamente a la   formulación de dos cuestiones que complementan y permiten determinar el alcance   de las primera, son las preguntas referidas al alcance de unas cláusulas que   aparecen tanto en la Directiva Comunitaria de referencia como en la legislación   española – artículo 85.6 del Texto Refundido de la Ley 1/2007 y apartado 1 e) del   Anexo a la Directiva -: “Las cláusulas que supongan la imposición de una   indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla   sus obligaciones”.
Este segundo bloque de preguntas iría destinado a que el Tribunal de Justicia   de la Unión Europea pudiera dar contenido al concepto de desproporción en orden:
–         A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado en un   largo lapso de tiempo – en este caso 240 meses – por incumplimientos en un período   muy limitado y concreto.
–         La fijación de unos intereses de demora – en este caso superiores al 18% –   que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en   otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros   ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin   embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en   los caso en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la   totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado.
–         La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables   – tanto ordinarios como moratorios – realizados unilateralmente por el prestamista   vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria no permiten al deudor ejecutado   que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento   ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya   obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos,   el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial   trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la   ejecución determina el desalojo del inmueble.
Visto lo cual,
DISPONGO la suspensión del curso de las actuaciones en el trámite en que se encuentran, acordando plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las   siguiente cuestión prejudiciales:
 a. Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o   pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de   Enjuiciamiento civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara   de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una   clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos   judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.
b. Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar   contenido al concepto de desproporción en orden:
1) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado en un   largo lapso de tiempo – en este caso 240 meses – por incumplimientos en un   período muy limitado y concreto.
2) La fijación de unos intereses de demora – en este caso superiores al 18%   – que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses   moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al   consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se   podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación   inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los caso en los que   hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las   debidas por el vencimiento anticipado.
c. La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –   tanto ordinarios como moratorios – realizados unilateralmente por el   prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria no permiten al   deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el   propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en   el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá   concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado   en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita   para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.
 Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en el procedimiento principal ordenando remitir testimonio de esta resolución con testimonio de la demanda y  contestación, acta de juicio y las resoluciones que se anexan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que, previo trámite de admisión de la cuestión prejudicial, de cumplida contestación en su caso a la cuestión planteada.
Así lo dispone y firma Olga Rodríguez Vera, Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción   nº 3 de Cuenca.
MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla.
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO en la cuenta de este expediente  indicando, en el campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO/A                 EL/LA SECRETARIO JUDICIAL,

Acerca de scejcuenca

SECRETARIO JUDICIAL
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