Sobreseimiento de ejecución hipotecaria por falta de inscripción de la transmisión del título


A U T O: 00064/2014

En Cuenca, a cuatro de marzo de dos mil catorce

H E C H O S

PRIMERO. Ante este Juzgado se tramita procedimiento de ejecución hipotecaria con el número de registro 51/2013, a instancias de la entidad xxx S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral, contra xxx S.A. representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Paz Caballero.

SEGUNDO. Habiéndose opuesto la parte demandada a la ejecución, se dio traslado de la misma a la parte ejecutante, quien presentó escrito realizando las alegaciones que tuvo por conveniente aportando con sendos escritos la prueba documental que estimaron pertinente y útil a los efectos de este procedimiento. Declarada pertinente dicha prueba, se acordó traer los autos a la vista para dictar la correspondiente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Con fecha de 13 de noviembre de 2009 “xxx” y “xxx S.A.” perfeccionaron un contrato de préstamo con garantía por importe de 2.590.000 €. Se gravaron con hipoteca las siguientes fincas: a) parcela 77-78, inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca al Tomo 1638, Libro x, Folio 81, finca número x, inscripción 5ª; b) Local destinado a garaje sito en x  c/ de los x s/n, inscrito en el Registro de la Propiedad de xx, al Tomo 887, Libro 230, folio 100, finca número 22803, inscripción 5ª; c) Local comercial nº 15 sito en planta baja del edificio sito en x c/ de los x inscrito en el Registro de la Propiedad de x, al Tomo 887, Libro x, folio 100, finca número 22700, inscripción 5ª.

SEGUNDO. La parte ejecutada solicitaba la suspensión del procedimiento de ejecución instado por los motivos que hacía constar en dicho escrito de oposición alegando la existencia de cláusulas abusivas así como la falta de legitimación activa de la entidad x SA.

     Frente a las alegaciones efectuadas por la ejecutada, la ejecutante alegó la inexistencia de obligación de inscripción de la transmisión por cuanto lo acontecido entre la entidad bancaria anterior (x) y x no era una cesión de créditos sino una sucesión universal por cambio de titularidad por lo que estimaba no le era de aplicación lo establecido para el supuesto de cesiones o subrogaciones singulares de los préstamos garantizados con hipoteca, alegado, frente al resto de las manifestaciones efectuadas por la ejecutada que no le resultaba de aplicación las reformas operadas recientemente en materia de prestamos hipotecarios toda vez que la ejecutada no podría ser calificada como consumidora a efectos de dicha protección, asó  como que el clausulado a que se refiere en su escrito de oposición responde a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento civil

TERCERO. Antes de resolver los motivos de fondo opuestos por la ejecutada, ha de darse respuesta a la alegación relativa a la falta de legitimación activa de x para deducir acción hipotecaria toda vez que no es dicha persona jurídica la que consta como acreedora hipotecaria en el Registro de la Propiedad.

     Pues bien, a la vista de la certificación registral referida en el art. 688.3 LEC, falta la inscripción de la hipoteca a favor de la entidad ejecutante. Las  inscripciones obran lo hacen a favor de x. A ello ha de añadirse el hecho de que la ejecutante aporta como documental una fotocopia de  un testimonio notarial en el que se refleja la absorción por x de la entidad x SA. Por ello, no constando la cesión del crédito, ni la notificación al deudor ni inscripción, a la luz de  lo establecido en el  art. 6.3 del Código Civil, no existe justificación para que pueda continuarse con la ejecución despachada debido a que dicha inscripción es requisito indispensable que la hipoteca se encuentre constituida en favor de la ejecutante; razón por la que se debe proceder al archivo de las actuaciones.

Ello se estima así por cuanto, bien puede suceder que en momento posterior al despacho de ejecución advierta el Juzgado que el título adolece de deficiencia tal que no debió en su día tramitarse la ejecución. Y no hay oportunidad para que el ejecutado pueda oponerlo en este proceso sumario de ejecución de bienes hipotecados, a diferencia de la oposición genérica del art. 559 LEC , pues no se prevé entre las causas de oposición enumeradas en el tan repetido art. 695 LEC, por la limitación cognitiva a la que ya hizo referencia expresa la STJUE de 14 de marzo de 2013 y posteriormente la Ley 1/2013, derivada del Derecho de la Unión.

Pero ello no puede impedir, precisamente por la trascendencia del especial proceso de ejecución hipotecario, y la relevancia de sus aspectos formales, que el órgano judicial detecte tras haber despachado ejecución la existencia de un defecto esencial, que en su día pudo evitar el inicio del proceso. Y, advertida la deficiencia, ha de obrar en consecuencia y adoptar un acuerdo cuyo efecto sea similar al de inadmisión inicial, visto que la entidad correspondiente presentó, no debiendo hacerlo, dicha demanda ejecutiva.

Y el momento procesal no es inoportuno, puesto que se toma la decisión tras verificar que la certificación registral expedida en cumplimiento de la previsión del art. 688 LEC no figura la promotora del proceso como titular del derecho de garantía real que pretende realizar, pues el trámite de dicho art. 688 no tiene otro sentido que la comprobación de la vigencia del derecho en que se funda la ejecución, pues puede suceder que se hayan producido modificaciones desde que se confeccionó el título adjuntado a la demanda, o la certificación acompañada a la misma.

Conviene recordar anteriormente a la STEJU nos encontrábamos en el marco de un proceso ejecutivo de carácter sumario y con limitadas causas de oposición de un título no judicial, que debería comportar un control estricto de los títulos que dan lugar al mismo.

El rigor y la exigencia deben ser mayores cuando se trata de ejecución sobre bienes hipotecados, en que son más limitadas todavía las causas de oposición admisibles, y ni siquiera hay traba previa, sino directamente enajenación del inmueble sujeto a la garantía si el deudor no procede al pago.

En este sentido, se dice en la  STS de 3 de diciembre de 2004 que es doctrina jurisprudencial la que sienta como principio general el del rigor formal del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, pues su extraordinaria limitación de cognición procesal exige en contrapartida una escrupulosa observancia de los requisitos formales legalmente establecidos. La STS 105/2007 de 7 de febrero reitera el criterio que acaba de transcribirse, y añade, en relación con dicho rigor en los trámites y formalidades legales, que, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de ejecución, “ha de ajustarse formalmente al cumplimiento de las mismas en función de la precariedad de medios que tiene el deudor para su defensa”. La doctrina legal referida es tan aplicable al trámite procesal como al rigor en la exigencia de que el contenido del título se ajuste, objetiva y subjetivamente, al derecho de ejecución que pretende ejercitarse.

No se pone en duda la existencia del derecho de crédito que pueda ostentar x, S.A. frente a los prestatarios contra quienes formuló la demanda, al hilo de la normativa invocada por ésta; lo único que se cuestiona es si puede proseguir el singular proceso de ejecución hipotecaria en base a los títulos y certificación registral obrantes en los autos.

CUARTO.- No cabe confundir la inscripción de la hipoteca esencial, con la inscripción distinta de la cesión crediticia del art. 149 de la Ley Hipotecaria. Sabido es que la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad tiene carácter constitutivo, en virtud de la claridad de lo dispuesto en el art. 145 de dicha LH, como ilustra, por todas, la  STS de 18 de octubre de 2007 (RJ 2007,8623).

Y no puede alegarse, implícita o explícitamente, con éxito lo dispuesto en el art. 685 LEC en conexión con el 17 LEC sobre sucesión procesal por transmisión del objeto litigioso cuando el proceso se ha iniciado -lo mismo en el art. 540 LEC -, abstrayendo que no existe ningún crédito litigioso en autos, a la vista de lo dispuesto en el art. 1.535  del Código Civil que define la figura, “pendiente un juicio” expresa el art. 17, mientras que en este caso la transmisión habría tenido lugar, con arreglo a la documentación y alegaciones de la ejecutante, antes de que promoviera la incoación del juicio, pues de otro modo no podría haber acompañado dicha documentación a la demanda.

QUINTO.- Por lo que respecta a si procede o no continuar con el procedimiento incoado tras el giro efectuado por el legislador español impulsado por la jurisprudencia europea vinculante, a pesar del efecto directo de dicha directiva comunitaria, y, por lo que atañe a este fundamento, una vez se ha comprobado que la ejecutante no figura como titular del derecho accesorio que pretende ejercitar en el Registro de la Propiedad en que se inscribió la hipoteca, mera garantía del crédito referido, la respuesta ha de ser la negativa y ello por las siguientes razones.

En primer lugar, porque la norma del art. 540 de la ley procesal civil, contenida entre las disposiciones generales de la ejecución, debe ceder ante la especialidad de la singular disciplina legal del proceso sobre bienes hipotecados, a cuya diferencia ya se ha hecho referencia anteriormente. Y esta singular disciplina (“particularidades de la ejecución” es la denominación que continúa precediendo al artículo 681 y los que le siguen, mejorada en el capítulo tercero de la nueva Ley 1/2013 exige rigor extremo en el cumplimiento de las formalidades a que se refieren los arts. 685, 688 y concordantes de la ley procesal.

En segundo lugar, el título en que se basa la ejecución hipotecaria (art. 685 LEC) y la inscripción registral acreditada mediante la certificación (art. 688 LEC) han de ser suficientes por sí mismos para la incoación y el posterior progreso del procedimiento, sin necesidad de integración con otros documentos, pues en tal caso no tendría sentido ni utilidad la certificación a la que se refiere dicho art. 688  de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por otra parte, no puede olvidarse que el art. 149 LH  en que se apoya la ejecutante, aun cuando se admitiera la cesión del préstamo garantizado con hipoteca, manda que se haga en escritura pública y que se inscriba en el Registro de la Propiedad, que es lo que no se ha hecho en este caso, a tenor de la certificación del art. 688.

Y no se trata de una exigencia respecto de terceros, en sintonía con el distingo argüido entre inscripción declarativa y constitutiva, y la mutación jurídico real correspondiente. Lo relevante es que no siempre la inscripción en el registro inmobiliario tiene mero carácter declarativo, sino que tiene carácter constitutivo cuando se trata de hipoteca, como hemos visto, pues el art. 145 LH exige para la validez de dicha hipoteca, garantía real accesoria del crédito personal, dicha inscripción tabular. Y el sistema de fuentes del art. 1 CC no incluye siquiera a la doctrina.

Además de lo dicho, los prestatarios no son terceros en el préstamo que recibieron, pero sí lo son en la cesión del mismo, que no consta que les fuera notificada.

Es propio de la disciplina legal hipotecaria el principio de la necesidad de la inscripción como requisito para la eficacia de la garantía real. No sólo para entender constituida la misma, como se repite, sino también para la virtualidad de la modificación subjetiva afectante a alguna de las partes. Citamos, siquiera por analogía, la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, que dispone en su art. 5 que la subrogación no surte efectos frente a terceros si no se ha inscrito en el Registro; se añade a este respecto que los prestatarios contra quienes se plantea la ejecución son parte en el préstamo hipotecario, pero tienen la condición de terceros en el ámbito de la transmisión del crédito concertada con entidad distinta de la ejecutante, de la que se llega a expresar en incongruencia perfecta con lo que se alega ahora, que continuaría siendo titular de los derechos y obligaciones contraídos por x.

Por último, y en el mismo sentido de abundar en la exigencia legal de la inscripción de la cesión y su trascendencia, obsérvese que el art. 150 LH dice expresamente que el derecho hipotecario se entenderá transferido, con la obligación o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni hacerse constar la transferencia en el Registro, pero sólo cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar obligaciones transferibles por endoso o títulos al portador; “a sensu contrario”, esta norma conduce a la conclusión de que sí es necesaria la inscripción para la transmisión de la garantía en los demás casos, es decir, cuando la hipoteca no tenga por objeto la garantía de obligaciones transferibles por endoso o al portador. Por lo tanto, sí que debió inscribirse la cesión a favor de x SA.

En definitiva, una vez se ha constatado que la ejecutante de la garantía no es la titular registral de la misma, debe acordarse igualmente en la terminación de este proceso de ejecución, lo que no obsta a que la entidad bancaria referida haga valer su derecho en el proceso declarativo correspondiente, conforme dispone el art. 552.3  de la LEC inalterado en la profunda reforma legislativa sistemática hipotecaria llevada a cabo recientemente, en orden a reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la reestructuración de deudas.

     Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el sobreseimiento del presente procedimiento de ejecución hipotecaria, tramitado ante este Juzgado con el número de registro 51/13 a instancias de la entidad x S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral  contra x SA representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Paz Caballero

Se acuerda el archivo de las actuaciones, junto con las de su clase, tomando nota bastante en los Libros registro de este Juzgado.

No se hace pronunciamiento en cuanto a costas procesales devengadas en el presente procedimiento de ejecución hipotecaria, debiendo abonar cada una de las partes las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Se acuerda el desglose de los documentos aportados con la demanda de ejecución hipotecaria, y su entrega a la parte ejecutante, dejando nota bastante en los autos.

Lo manda y firma Dª Olga Rodríguez Vera, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número TRES de Cuenca de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO en la cuenta de este expediente 1620/0000/06/0053/13 indicando, en el campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

    LA MAGISTRADO-JUEZ      SECRETARIO JUDICIAL

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